2021 ha comenzado de peor manera posible para el sector del automóvil, por un lado, la muerte repentina de Adrián Campos, sin duda un histórico del automovilismo deportivo español, no ya sólo por su faceta de piloto en la F1, sino también como fundador de uno de los equipos de competición más importantes de España y de Europa, así como por haber sido el mentor de Fernando Alonso o de Antonio García; mientras que por otro lado, enero nos ha dejado el peor dato de matriculaciones desde 1989, con un descenso del 51,5%. También supimos que la producción de vehículos se redujo en 2020 un 19,6%. Así mismo, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid ha condenado al grupo automovilístico Volkswagen a pagar 3.000€ en daños a cada uno de los 5.444 afectados en España por el caso de los vehículos diésel que incluían un software que alteraba las emisiones de algunos modelos del grupo. La verdad es que una de las pocas buenas noticias fue el nacimiento de “Stellantis”, fruto de la fusión entre el Grupo PSA y el Grupo FCA, que dará lugar al cuarto fabricante más grande del mundo.
Las matriculaciones de turismos eléctricos (17.941 unidades), en enero descendieron un 66%, con 617 unidades matriculadas, un 1,15% de la cuota de mercado. Estos datos, sumado al hecho de que España se sitúa a la cola de Europa en materia de despliegue de infraestructura de recarga de acceso público ha hecho que la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC) haya presentado 16 medidas que contribuyen al impulso necesario y definitivo de la infraestructura de recarga eléctrica de acceso público en nuestro país
Además de todas estas noticias, el paso de Filomena por Madrid echo por tierra las teorías conspiratorias en contra el automóvil pues, precisamente cuando menos coches circulaban por la capital, el Ayuntamiento tuvo que activar el escenario 1 del protocolo anticontaminación. Mira por donde, ha tenido que ser una marca en boca de su presidente la que haya dado un toque de atención a los gobiernos que siguen poniendo fin a los coches de combustión; fue Akio Toyoda, presidente de Toyota, quien ha alertado de las nefastas consecuencias que esto tendría, dado que tanto la industria del automóvil como el sistema eléctrico se colapsarían. También recordó el silencio que se guarda con respecto a todas las emisiones contaminantes que se producen para generar la electricidad que mueve esos vehículos.
2021 ha comenzado de peor manera posible para el sector del automóvil, por un lado, la muerte repentina de Adrián Campos, sin duda un histórico del automovilismo deportivo español; mientras que por otro lado, enero nos ha dejado el peor dato de matriculaciones desde 1989, con un descenso del 51,5%
Si nos centramos en España, las ventas de vehículos eléctricos, si bien es cierto 2020 cerró con un crecimiento del 78,5% en las matriculaciones de turismos eléctricos (17.941 unidades), en enero descendieron un 66%, con 617 unidades matriculadas, un 1,15% de la cuota de mercado. Estos datos, sumado al hecho de que España se sitúa a la cola de Europa en materia de despliegue de infraestructura de recarga de acceso público (diez puntos por debajo de la media de la UE), ha hecho que la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC) haya presentado 16 medidas de carácter institucional, de tipo regulatorio, de impulso económico y de liberalización, además de protección a los consumidores, que contribuyen al impulso necesario y definitivo de la infraestructura de recarga eléctrica de acceso público en nuestro país, clave para el desarrollo del coche eléctrico, que para 2030 se espera que alcance los 3 millones. Para lograrlo, será necesario un despliegue decidido de una red de infraestructuras de recarga eléctrica, muy por encima de los 8.500 puntos que ahora mismo hay en nuestro país. En teoría, estas 16 medidas están muy bien, el problema lo encontramos en la dura y cruda realidad, dado que este gobierno, el mismo que desde su Ministerio de Transición Ecológica promueve un plan de implementación de 100.000 puntos en cuatro años como parte de su estrategia para lograr que se alcancen 5 millones de vehículos eléctricos, entre ellos, los turismos, desde el 1 de enero de este año desincentiva la instalación de postes de recarga a través de la implantación de un doble impuesto a todas aquellas empresas o entidades que instalen un poste de recarga para coches eléctricos, esto es, tendrán que pagar un doble impuesto por ello: uno de carácter nacional de 13,56€ y otro municipal (13,56€ como cuantía mínima) tal y como recogen los Presupuestos Generales del Estado para 2021.