“Yo soy político, por lo tanto, embustero y tramposo. Cuando no beso a los niños, les estoy robando sus caramelos. Sin embargo, eso no significa que no deje abiertas mis opciones”. Esta genial frase es de una escena de la película “La caza del Octubre Rojo” , bien se podría aplicar en estos días, que arranca la campaña electoral de la primera de las dos citas electorales que vamos a tener que soportar este año. De momento y de cara las municipales y autonómicas, el coche y los conductores volvemos a ser protagonistas en algunas de las propuestas que van saliendo. La primera y la más importante por venir de quien viene, pues no en vano es la actual Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Diaz. Así, en el bloque dedicado a la movilidad “sostenible”, básicamente quiere imponernos más impuestos como, por ejemplo, el tener que pagar por usar autopistas o implementar tasas de congestión, siempre aplicados con las debidas consideraciones de carácter social, la revisión de la fiscalidad de los vehículos de automoción e incluso implantar planes de transporte obligatorios en empresas con más de 500 empleados.
Con todas estas medidas, la UE tiene claro que la política verde no nos va a salir gratis, pues como recoge el texto, “la transición climática va a tener una repercusión económica y social difícil de evaluar”. Por ello, han creado el “Fondo Social del Clima”, que tendrá como objetivo apoyar a los hogares vulnerables, las microempresas vulnerables y los usuarios de transporte vulnerables
Pero aquí no queda la cosa, pues para 2025, plantea, entre otras cosas, que haya “un millón de vehículos eléctricos en circulación”, la “prohibición en zonas de bajas emisiones del uso de vehículos diésel en municipios de más de 50.000 habitantes” o la “limitación de entrada a centros urbanos de furgonetas sin etiqueta emisiones cero“. Ya en 2030, apuesta por introducir una “limitación de matriculación de vehículos diesel y de gasolina“, adelantándose así a la prohibición de la UE, la “prohibición del uso en municipios de más de 50.000 habitantes de vehículos diesel y de gasolina (la UE lo plantea para 2050) y la reducción del “número de vehículos privados en un 15 % como consecuencia de la apuesta por el transporte público y el vehículo compartido“. Para esta fecha, además, plantean que estén en circulación cinco millones de vehículos eléctricos. Pero no es la única, pues la actual alcaldesa de Barcelona Ada Colau, propone reducir la circulación de vehículos motorizados privados, ganando más espacio de calle, hoy dedicado al coche, para circular o aparcar. Para ello, propone consensuar con el resto de administraciones una “tasa de congestión” o peaje urbano, que gravaría la circulación por Barcelona a partir de criterios de renta. Además, está la “Superilla Barcelona” como apuesta central de futuro de la ciudad, que no es otra cosa que más calles con el límite de 30 km/h y más carriles bici.
Yo soy político, por lo tanto, embustero y tramposo. Cuando no beso a los niños, les estoy robando sus caramelos. Sin embargo, eso no significa que no deje abiertas mis opciones”. Esta genial frase es de una escena de la película “La caza del Octubre Rojo” , bien se podría aplicar en estos días, que arranca la campaña electoral de la primera de las dos citas electorales que vamos a tener que soportar este año. De momento y de cara las municipales y autonómicas, el coche y los conductores volvemos a ser protagonistas en algunas de las propuestas que van saliendo
Por otro lado, el Consejo de la UE ha aprobado un paquete de medidas verdes destinadas a endurecer que los objetivos climáticos para 2030, año en que pretenden que las emisiones de CO2 se hayan reducido un 55%. Entre las medidas, destaca el fin gradual de los derechos de emisión gratuitos desde 2026 para la aviación y la industria así mismo, empezarán a pagar por lo que emiten el transporte marítimo, los edificios y el transporte por carretera. Con todas estas medidas, la UE tiene claro que la política verde no nos va a salir gratis, pues como recoge el texto, “la transición climática va a tener una repercusión económica y social difícil de evaluar”. El motivo es que si bien, el “Pacto Verde Europeo” debería contribuir a medio y largo plazo a la reducción de la pobreza energética y de transporte al acelerar la reducción de la dependencia de combustibles fósiles, el documento admite que en el corto plazo no será así y por lo tanto, es probable que aumente el coste de calefacción, refrigeración, cocina y transporte por carretera que soportan los hogares y los usuarios del transporte, ya que los proveedores de combustible, sometidos al pago ahora de los derechos de emisión, repercutirán los costes del carbono a los consumidores y, en consecuencia, los precios subirán. Por ello, han creado el “Fondo Social del Clima”, que tendrá como objetivo apoyar a los hogares vulnerables, las microempresas vulnerables y los usuarios de transporte vulnerables.